El impacto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2022 en la financiación de obra audiovisual europea

Esta investigación tiene por objetivo principal evaluar el grado de cumplimiento de la obligación de financiar obra europea en el mercado audiovisual español tras la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, 13/2022, a partir del análisis del primer informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los objetivos se articulan en tres ejes: medir el cumplimiento global y de subcuotas; describir la distribución por tipologías (serie y cine) y la concentración por prestadores; y situar los resultados en la transición regulatoria derivada de la reforma legal. Las políticas audiovisuales en la Unión Europea y España se basan en la protección cultural mediante cuotas, obligaciones de inversión y medidas proteccionistas (Albornoz y García Leiva, 2017; Andrés Segovia, 2022; Cabrera Blázquez et al., 2022; Zallo, 2023; Guichot, 2023). En el caso español, las televisiones generalistas, los operadores de pago y las plataformas de vídeo bajo demanda tienen un papel decisivo en la financiación del cine y de la ficción televisiva (García-Santamaría y López-Villanueva, 2019), con efectos industriales y con debates sobre diversidad y criterios de selección. La expansión de los servicios bajo demanda (VOD) generó asimetrías regulatorias que la Ley 13/2022 intenta corregir al extender las obligaciones a las plataformas y al fijar cuotas de financiación y catálogo. Este trabajo parte de la hipótesis de que el conjunto de prestadores sujetos a obligación cumplió con holgura la cuota global en 2022, con ciertas particularidades. La metodología se basa en el estudio de caso del mercado español, a partir de la revisión bibliográfica, el análisis documental y la lectura cuantitativa descriptiva de los indicadores oficiales, a partir de los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los resultados acreditan 380,6 millones € de inversión computada en 2022 por parte de 26 operadores. El esfuerzo aparece concentrado en cinco agentes —Atresmedia, Telefónica/Movistar, RTVE, Mediaset y Disney— con alrededor del 87% del total. Las series de televisión absorben aproximadamente el 76% de la inversión obligatoria; el cine queda por debajo de una cuarta parte, con predominio de cine en lenguas oficiales (sobre todo el castellano) y participación de productores independientes, de acuerdo con lo establecido por la Ley. El regulador registra incidencias acotadas en la subcuota de cine de algún gran operador, sin afección al cumplimiento global. Las grandes plataformas VOD internacionales no estaban aún bajo jurisdicción española en 2022, que comenzaron a estar obligadas a partir de julio de 2023. Las conclusiones muestran un alto grado de cumplimiento de las obligaciones de financiación: España ha hecho de la promoción de la obra europea un eje central de su política audiovisual. La financiación dentro de las cuotas ha continuado moviéndose hacia las series. Quedan pendientes de evaluar los efectos de las nuevas cuotas de fomento de diversidad y de las plataformas internacionales. Este caso de estudio evidencia los beneficios de una intervención pública sostenida y también la necesidad de actualizarla conforme evolucionan la industria y las sensibilidades sociales.