Nuevo marco regulatorio europeo en el ámbito audiovisual: medidas para la protección de los menores en los entornos digitales

La digitalización creciente, el auge de Internet, la expansión de las redes sociales, el desarrollo de aplicaciones diversas y la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) han supuesto transformaciones de extraordinario calado en el ámbito de la comunicación. Ante las mismas, diversos estudios manifiestan señales de alarma en cuanto al acceso de los menores a contenidos audiovisuales inapropiados y a las consecuencias que se están generando. Esto se agrava con la disponibilidad de telefonía móvil y de pantallas de distinto orden cada vez a edades más tempranas. Ante esta situación, en los últimos años en la Unión Europea se han venido poniendo en marcha distintos reglamentos de aplicación directa vinculados al ámbito audiovisual. Los mismos, de forma directa o indirecta, plantean cuestiones vinculadas a la protección de los menores. El objetivo de esta comunicación en estudiar tres de estos reglamentos por su trascendencia en esta materia: -El Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act -DSA-), vigente para los Estados miembros de la Unión Europea desde el 17/02/2024 que aporta un marco aplicable a los servicios de la sociedad de la información a fin de lograr un entorno digital seguro para la ciudadanía en general, con mención específica de los menores. -El Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de IA en vigor el 1 de agosto de 2024 y que tendrá que aplicarse de forma progresiva hasta 2026 (conocido como Reglamento de IA). -El Reglamento por el que se establecen normas comunes para garantizar la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación y se crea el Consejo Europeo de Servicios de Medios, conocido como Reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación (European Media Freedom Act -EMFA-). La EMFA (como se le conoce) entró en vigor el 08/08/2025 con disposiciones aplicables hasta 2027. La hipótesis de trabajo sugiere que los cambios en el paradigma comunicativo han desembocado en la necesidad de regulación jurídica por considerarse que, actualmente, los menores son usuarios especialmente vulnerables en los entornos digitales. La metodología se centra en un análisis cualitativo fundamentado en el estudio de categorías transversales en estas normas (medidas de protección, contenidos y algoritmos, supervisión y alfabetización mediática). Los resultados y principales conclusiones apuntan a la irrupción de estrategias regulatorias fundamentadas en la necesidad cada vez más urgente de protección en línea de niñas, niños y adolescentes, a la prevención de la manipulación, la transparencia y trazabilidad de la información así como a la cooperación y colaboración en esta materia de instituciones y organismos reguladores.