Regulaciones Latinoamericanas en relación a la Plataformas digitales

En esta comunicación presentamos una aproximación al estado de situación de la región latinoamericana en relación a los avances de las plataformas digitales, incorporando avances y retrocesos regulatorios en relación a los modelos globales de negocio. Se presentan algunos proyectos legislativos o administrativos que en términos generales evidencian severas limitaciones en las capacidades públicas para su implementación. Las limitaciones de los estados latinoamericanos refieren fundamentalmente a tres obstáculos: a) la jurisdiccionalidad, b) tecnológicos (para acceder al control de los algoritmos, incluso los abiertos) y c) económicos o de escala (infraestructuras, acumulaciones y conocimientos no disponibles en la mayoría de los países de la región) (Valente, 2019; Del Campo, 2018) En consecuencia, los ciudadanos latinoamericanos tienen una menor protección de los impactos negativos que se generan por la acción de las Megaplataformas frente a los ciudadanos europeos. Los casos escogidos para el análisis se justifican por sus perfiles institucionales por su escala (Brasil) o por su singularidad (Uruguay). Para el caso de Uruguay existe evidencia de conformar un caso emblemático en consideración a su cultura democrática y su fuerte desarrollo institucional (Latinobarómetro, 2024; V-DEM, 2024) además de algunos avances tecnológicos. Brasil, con una escala y desarrollo industrial sustantivos, es el país de la región que presenta una mayor institucionalidad regulatoria y busca en sus políticas pioneras, protecciones a afectaciones de los ciudadanos y empresas tecnológicas nacionales. En estas regulaciones ha tenido un importante papel  la sociedad civil. Lo interesante de comparar ambos países es que a pesar de sus diferencias en tamaño, escala y población, presentan debilidades a la hora de implementar proyectos y normativas específicas. Ello permite la posibilidad de discutir respecto a los debates sobre sus debilidades presentando ambos casos un grado de indefensión alto frente a los crecientes episodios de vulneración de derechos privados, corporativos y ciudadanos. Se hace especial referencia a aspectos relacionados a la portabilidad e interoperabilidad de datos, así como a la regulación sobre datos personales.